Ana emigró a Estados Unidos desde Guatemala en 2013. En este vídeo, Ana comparte lo que vivió mientras estaba encerrada en un centro de detención de personas inmigrantes en EE.UU. Para garantizar #LibertadParaTodxs, debemos poner fin a la detención de personas inmigrantes y reinvertir los miles de millones que nuestra nación gasta en detención para, en su lugar, financiar un programa de representación legal universal para las personas que migran y cualquier persona en procedimientos migratorios. Únase al movimiento.
#LibertadParaTodxs
Nuestros valores: El derecho a la movilidad humana es tan fundamental como el derecho a vivir una vida libre de discriminación y a expresar opiniones de manera libre.
Las personas que migran tienen derecho a buscar protección y regularizar su situación migratoria, sin ser criminalizadas, detenidas o encerradas.
#LibertadparaTodxs es un movimiento de organizaciones lideradas por migrantes y aliados que afirma que la libertad es un derecho humano fundamental y que deben existir una serie de políticas diseñadas para lograr la libertad de las comunidades de personas migrantes e inmigrantes. Además, la libertad sólo será posible cuando eliminemos la detención de personas inmigrantes y los fondos para las prisiones privadas.
Para garantizar la libertad para todas las personas, el gobierno de los EE. UU. debe invertir al menos $400 millones como parte del presupuesto del Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) para un programa de representación legal universal para las personas que migran.
Todas las personas merecen una oportunidad justa en los tribunales, independientemente de su estatus migratorio. Ninguna persona debería tener que presentarse ante un tribunal, asustada y confundida, sin acceso a representación legal y sin una oportunidad justa de defender su caso.
Estados Unidos es el país con más personas encarceladas del mundo. Actualmente hay más de 2 millones de personas detenidas[1] en las prisiones de EE. UU., lo que representa el 20 % de la población mundial total de personas detenidas. En los últimos 40 años hemos visto crecer exponencialmente las tasas de encarcelamiento en general. Esto ha resultado en el crecimiento sostenido y la expansión de la detención sistémica de personas migrantes en los Estados Unidos. Además, la historia de nuestra nación de políticas y prácticas migratorias anti-negras[2] y anti-indígenas ha llevado a una representación excesiva de personas de color en la detención de personas inmigrantes.
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Durante la “guerra contra las drogas”[3] de los EE. UU., las narrativas tóxicas dificultaron que las personas inmigrantes llegaran al país debido al creciente temor racista de que las personas de origen latinoaméricano llevaban drogas y delincuencia. La asociación entre personas inmigrantes latinas, la delincuencia y las drogas se mantiene hasta hoy.
En 1996, se aprobaron leyes antiinmigrantes[4] con la falsa creencia de que brindarían seguridad y serían “duras con el crimen”, a pesar de que no hay evidencias de una conexión entre las personas inmigrantes y el crimen. La ley clave que se aprobó fue la Ley de Reforma de Inmigración Ilegal y Responsabilidad de los Inmigrantes (IIRIRA, por sus siglas en inglés). IIRIRA eliminó las defensas contra la deportación y creó barreras para la legalización. La ley facilitó al gobierno la deportación de personas inmigrantes y amplió quiénes podían ser detenidos y deportados, lo que llevó a la deportación de personas que ya eran residentes permanentes legales. También hizo más difícil que las personas que huían de la persecución solicitaran asilo. La lista de condenas penales que dan lugar a la deportación también se amplió, lo que significa que los delitos relativamente menores y no violentos darían lugar a la deportación y la separación familiar.
Los ataques terroristas contra los EE. UU. el 11 de septiembre de 2001[4] también avivaron sentimientos y leyes antiinmigrantes. El gobierno de los EE. UU. comparó a las personas inmigrantes con terroristas, lo que condujo a la creación del Departamento de Seguridad Doméstica (DHS) y, a su vez, al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). El gobierno y los medios de comunicación retrataron la inmigración como una amenaza para los EE. UU., lo que alentó políticas y sentimientos antiinmigrantes. Una de las políticas de inmigración más importantes fue Comunidades Seguras, creada por la administración Obama en 2011. Comunidades Seguras aumentó la coordinación entre las fuerzas del orden público federales, estatales y locales para detener y deportar a personas inmigrantes. Aumentó la discriminación racial y deportó injustamente a millones de personas.
La detención de personas migrantes es una respuesta inhumana a un problema humanitario y un fenómeno natural. Las personas migrantes experimentan abusos mentales[5], físicos[6] y sexuales[7] constantes y generalizados dentro del aparato de detención a pesar de la indignación y protesta de grupos de la sociedad civil.
En este momento, bajo la administración Biden, la mayoría de personas detenidas en los centros de detención de inmigrantes son personas que cruzaron recientemente la frontera entre Estados Unidos y México; muchas buscan asilo o reunirse con su familia en los EE. UU. Debido a que Estados Unidos esencialmente ha cerrado el asilo en los puertos de entrada fronterizos, los solicitantes de asilo se ven obligados a cruzar la frontera para tener la oportunidad de presentar su caso. La falta de un sistema de asilo ordenado en la frontera sigue alimentando la maquinaria de detención y deportación.
Tras la toma de posesión del presidente Biden, su administración firmó una orden ejecutiva para poner fin al uso de prisiones privadas para personas bajo custodia penal federal: pero esto no se aplica a los centros de detención de inmigrantes[8]. Sin embargo, las corporaciones de prisiones privadas ya están encontrando lagunas para mantener abiertas sus instalaciones y convertirlas en centros de detención de inmigrantes para ICE.
A pesar de las afirmaciones de los políticos y agencias antiinmigrantes, la detención no contribuye en nada[9] a la seguridad[10] en los Estados Unidos y, además de los enormes abusos contra los derechos humanos que ocurren en los centros de detención, es un desperdicio de $1.8 mil millones anuales[11]. Estos fondos en camas de detención podrían invertirse en comunidades inmigrantes, incluyendo el asesoramiento legal, vivienda, salud, transporte, educación y otros programas para apoyar a las familias.
La libertad es un derecho humano fundamental, independientemente del estatus migratorio. Pero en este momento, un promedio de 50,000 personas[1] están recluidas en centros de detención a diario.
Para garantizar la libertad para todas las personas, el gobierno de los EE. UU. debe abolir la detención de inmigrantes y desfinanciar las prisiones privadas.
En lugar de que el gobierno de EE. UU. gaste miles de millones de dólares en detenciones, el Departamento de Justicia debería presupuestar al menos $400 millones para un programa de representación legal universal. Esto garantizaría la asesoría legal para todas las personas migrantes que se enfrentan la deportación.
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El costo estimado de este programa es de solo $208 millones[12], menos del 11.5 % de lo que el DHS gasta en camas de detención ($1,800 millones[13]). Es menos del 1 % de la totalidad del presupuesto de DHS. Todas las personas merecen una oportunidad justa en los tribunales, independientemente de su estatus migratorio.
El 77% de las personas que enfrentaron la deportación[14] en 2019 no tenían representación legal.
Las personas que cuentan con asesoría legal tienen cinco veces más[15] probabilidades de ganar sus casos y las personas detenidas tienen 11 veces más probabilidades de ganar si tienen representación
Un informe reciente[16] encontró que el 96 % de las personas inmigrantes no detenidas que contaron con representación legal asistieron a todas sus audiencias.
Existe evidencia generalizada de abuso endémico[17] en los centros privados de detención de inmigrantes. En enero de 2021, el presidente Biden emitió una orden ejecutiva[18] para poner fin a los contratos del gobierno de EE. UU. con prisiones privadas; sin embargo, esto no se aplica a los centros de detención de personas inmigrantes. Biden debería extender la orden para que incluya a los centros de detención de inmigrantes.
En lugares como Alabama, ha habido intentos[19] de malversar los fondos de ayuda federal de COVID-19 para construir nuevas prisiones. Los fondos federales no deben usarse para proyectos de construcción de prisiones. La ayuda debe asignarse para centrar y elevar explícitamente la prosperidad económica en general, con un enfoque específico en las comunidades negras, latinas e indígenas históricamente excluidas.
La libertad sólo será posible cuando eliminemos la detención de personas inmigrantes y los fondos para las prisiones privadas.
Las personas migrantes y solicitantes de asilo tienen el derecho humano de buscar protección y acceder al estatus de residencia permanente a través de marcos legales, sin verse privadas de muchas de sus libertades a través del encarcelamiento o la detención.
Lo que puede hacer
Únase a nuestro esfuerzo para poner fin al aparato de encarcelamiento masivo de personas migrantes de una vez por todas, y apoye una agenda pro-migrante y pro-migración que elimine la detención de inmigrantes:
FIRME nuestra petición para exigir que la administración Biden y el Congreso implementen políticas que reconozcan que las personas que migran tienen derecho a buscar protección y regularizar su estatus migratorio sin ser detenidas o encerradas.
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[1] “What percent of the U.S. is incarcerated?” Prison Policy Initiative. January 16, 2020.
[2] “Immigration and Blackness: What’s Race Got to Do With It?” American Bar. May 16, 2019.
[3] “Immigration Detention 101.” Detention Watch Network. Accessed 2022.
[4] “Mandatory Detention.” Detention Watch Network. Accesses 2022.
[5] “The impact of immigration detention on mental health: a systematic review.“ US National Library. December 6, 2018.
[6] “ICE Detention Facilities Failing to Meet Basic Standards of Care.” United States House of Representatives Committee on Homeland Security. September 21, 2020.
[7] “Detained, then violated.” The Intercept. April 11, 2018.
[8] “Biden vowed to close federal private prisons, but prison companies are finding loopholes to keep them open.“ CNN. November 12, 2021.
[9] “Terrorism and Migration: An Overview“ Cambridge University Press. December 17, 2020.
[10] ”Is There a Connection Between Undocumented Immigrants and Crime?” The Marshall Project. May 13, 2019.
[11] “Budget-in-Brief: Fiscal Year 2022.“ Homeland Security. Accessed February 2022.
[12] “COST OF COUNSEL IN IMMIGRATION: ECONOMIC ANALYSIS OF PROPOSAL PROVIDING PUBLIC COUNSEL TO INDIGENT PERSONS SUBJECT TO IMMIGRATION REMOVAL PROCEEDINGS.“ NERA Economic Consulting. May 28, 2014.
[13] “Budget-in-Brief: Fiscal Year 2020.“
[14] “.A Federal Defender System for Immigrants Is Long Overdue.“ Immigration Impact. February 26, 2021.
[15] “Access to Counsel in Immigration Court.“ American Immigration Council. September 28, 2016.
[16] “11 Years of Government Data Reveal That Immigrants Do Show Up for Court.“ American Immigration Council. January 28, 2021.
[17] “California police got hundreds of calls about abuse in private ICE detention centers. Cases were rarely prosecuted.“ Los Angeles Times. October 18, 2020.
[18] “Executive Order on Reforming Our Incarceration System to Eliminate the Use of Privately Operated Criminal Detention Facilities.“ January 26, 2021.
[19] “President Biden and Members of Congress: End the Criminalization of Migrants, #FreedomForAll!“ Alianza Americas.
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